La ordenanza de la XVIII Sezione Civile del Tribunal de Roma plantea dudas de constitucionalidad sobre la reforma de Tajani (Ley 74/2025). ¿Qué implica este pronunciamiento judicial y cómo impacta a la ciudadanía italiana iure sanguinis? Análisis completo + resolución judicial descargable.
🧠 Introducción
El reciente debate sobre la reforma de la ciudadanía italiana introducida por el Decreto-Ley n.º 36 de 28 de marzo de 2025 —convertido con modificaciones en la Ley n.º 74 de 23 de mayo de 2025, conocida en ámbitos migratorios como “Decreto Tajani”— ha generado un intenso movimiento jurídico en distintos tribunales italianos.
Tras las decisiones del Tribunal de Mantova, ahora el Tribunale di Roma (XVIII Sezione Civile – Diritti della Persona e Immigrazione) ha emitido una ordenanza judicial que reconoce la existencia de serias cuestiones constitucionales y de derecho europeo respecto de las restricciones introducidas por dicha reforma.
👉 En este artículo analizamos el origen, el contenido y las posibles implicancias de este pronunciamiento, y te dejamos el link para descargar la resolución judicial completa.
📍 ¿Qué es la ordenanza del Tribunal de Roma?
El Tribunale Ordinario di Roma, a través de su XVIII Sezione Civile, emitió una ordenanza en un proceso civil relacionado con la adquisición de la ciudadanía italiana iure sanguinis y la aplicación del art. 3-bis introducido por la reforma de 2025.
La ordenanza no declara la ley inconstitucional, pero determina que ciertas disposiciones del nuevo marco normativo plantean dudas serias de constitucionalidad. En términos procesales italianos esto significa que:
- el juez considera que las cuestiones planteadas no son “manifiestamente infundadas”,
- y, por tanto, su análisis por parte de un tribunal superior (como la Corte Costituzionale o incluso un tribunal europeo) es procedente.
Este tipo de ordenanza es parte del mecanismo mediante el cual el sistema jurídico italiano garantiza el control de constitucionalidad de las normas, incluso cuando estas no han sido directamente impugnadas ante la Corte Constitucional.
📌 ¿Cuáles son los principales ejes de la duda jurídica?
La ordenanza del Tribunal de Roma pone especial énfasis en:
- La retroactividad de las restricciones introducidas por el art. 3-bis de la Ley 91/1992, modificado por el decreto convertido en Ley 74/2025.
- La posible afectación al principio de seguridad jurídica y legítima expectativa, al aplicar nuevos criterios limitativos a situaciones que, bajo la normativa anterior, se consideraban derecho adquirido.
- La adecuación de estos cambios con parámetros constitucionales italianos y con estándares de derecho europeo, especialmente en relación con el respeto a derechos fundamentales.
🧾 ¿Qué significa esto para los procedimientos de ciudadanía?
Si bien esta ordenanza no anula la reforma ni suspende automáticamente su vigencia, sí representa un pronunciamiento jurídico formal y oficial que podría:
- dar lugar a una remisión ante la Corte Costituzionale,
- influir en sentencias posteriores,
- y ofrecer un argumento sólido para quienes ya tienen procesos en trámite dentro de Italia.
RELEVANCIA DEL TRIBUNAL DE ROMA
Este contexto refuerza la importancia de evaluar cada caso en sede judicial italiana —especialmente para aquellos que no alcanzan a presentar la declaración antes de los plazos transitorios.
La intervención del Tribunale di Roma reviste una importancia particular dentro del sistema judicial italiano. Se trata del mayor y más influyente tribunal ordinario del país, con competencia en causas complejas vinculadas a derechos fundamentales, inmigración y estatuto personal.
Que este tribunal haya emitido una ordenanza reconociendo la existencia de dudas serias de constitucionalidad sobre la reforma de la ciudadanía no es un dato menor: refuerza el peso institucional del debate y consolida una línea jurisprudencial que ya no se limita a tribunales periféricos, sino que alcanza al foro central de Roma.
📥 Descarga la resolución original
👉 Descargar resolución (PDF) — Ordenanza Tribunal de Roma
📌 Conclusión
La ordenanza emitida por el Tribunal de Roma representa un nuevo frente jurídico contra la reforma de la ciudadanía italiana 2025. Aunque no invalida la ley per se, abre una ruta procesal para que los tribunales superiores —incluida la Corte Constitucional— examinen la compatibilidad del nuevo régimen con principios constitucionales y de derecho europeo.
Para quienes están tramitando o evaluando iniciar procesos de ciudadanía italina, este pronunciamiento refuerza la necesidad de acompañamiento especializado y de considerar estrategias judiciales, particularmente cuando se trata de normas con efectos retroactivos.